La Comisión Bicameral, historió, analizó y censuró la represión política, gremial y estudiantil en la provincia bajo el proceso

La Cámara de Diputados aprobó anoche, por unanimidad, el informe final que durante más de tres horas y media presentó la Comisión Bicameral de los Derechos Humanos, en el que se historió, analizó y censuró seve-ramente la represión política, gremial y estudiantil llevada a cabo hace algunos años en Tucumán. A modo de ilustración, fueron relatados algunos casos éstremecedores de secuestros, tormentos y homicidios y también se dieron los nombres de algunos supuestos responsables, militares y civiles, que fueron mencionados por numerosos denunciantes. La Comisión Bicameral reveló que funcionaron 33 centros clan-destinos de detención en la provincia, y que han sido pre-sentados ante la justicia penal 430 expedientes correspondientes a 600 víctimas.

Seguridad

Un amplio dispositivo de segu-ridad impidió la circulación de vehículos por calle Rivadavia primera cuadra y los peatones debieron presentar las invitaciones que habían sido distribuidas por la Cámara de Diputados para poder acercarse a la Legislatura.
Poco antes de las 18, se recibió una denuncia anónima que alertaba sobre la supuesta existencia de un aparato explosivo en el edificio. Sin avisar a los asistentes que colmaban las galerías del recinto, equipos de especialistas revisaron el inmueble sin resultados positivos. Casi al terminar la sesión, el doctor Miguel Nazur (PJ), cuando habló en nombre de su- bloque, narró ese suceso como “una anécdota más”, ante el alivio del público.

La sesión

Numerosas autoridades es-tuvieron en la Legislatura, algu-nas durante toda la sesión y otras por cortos lapsos. Se pudo ob-servar al ministro de Gobierno, doctor José Alberto Cúneo Vergés; el jefe de Policía, comisario general (R) Guillermo Corbalán Costilla; el presidente del SI-PROSA, doctor Hernán Salas; el intendente, doctor Rubén Chebala; el presidente del PJ, doctor Eduardo Posse Cuezzo; y representantes de organismos defensores de los derechos hu-manos. También ocuparon sen-das bancas los senadores Carlos Meschwltz (UCR) y Armando Baunaly (PJ), integrantes de la comisión. La lectura del informe, del que no se distribuyeron copias al periodismo, se prolongó entre la 16 y las 19.30. Hablaron alterna-damente el presidente de la co- misión parlamentaria, doctor Alejandro Sangenis (PJ) y Arturo Sassl (UCR), sus miembros más notables, además de los diputados Néstor Varela (PJ) y Ramón Ledesma (PJ). Considerando la trascendencia del tema, fue transmitido en forma directa por Canal 10 y Radio Nacional. Un respetuoso y muchas veces emocionado silen-cio fue el marco que, tuvo el desarrollo del informe, que so-lamente se quebró con los aplau-sos de la concurrencia ante al- gunas expresiones o conside-raciones tajantes de los lectores. Un momento muy especial se registró cuando al diputado Sassi la emoción le quebró, la voz, en momentos en que leía una carta del doctor Angel Pisarello, incluida en el ‘infoime. Otras veces, se escucharon gritos de “asesino, asesino” cuando se mencionó a militares y policías. Los cuatro legisladores pre-sentaron sus respectivas porcio-nes del legajo sin gestos grandi-locuentes, con tono sereno y me-dido, lo que atenuó en algunos tramos el impacto de los trágicos hechos que narraban. Fue exa-minada la violencia en la Argen-tina desde el siglo pasado, sus raíces históricas y complejas causas sociales y económicas. Al proceso militar iniciado en 1976 se lo acusó de haber encarado un programa de exterminio físico de oponentes reales o potenciales. Entre las víctimas ‘de la re-presión y los atropellos se mencionó a los periodistas Maurice Jeager y Eduardo Ra-mos y el ataque al diario Noticias, en 1972.
El informe censura a la doc-trina de la seguridad nacional y rechaza, repudia y condena al terrorismo, que constituía una respuesta errada y condenada al fracaso más absoluto. La forma en que vivió Tucumán la creciente violencia fue también expuesta con amplitud. Se indicó que fue el campo de experimen-tación de aberrantes técnicas represivas, entre las que se men-cionó en encarcelamiento injusti-ficado, torturas, asesinatos, trato inhumano y vejatorio, con mención de numerosas personas que fueron secuestradas y de desaparecidos. También se denunció que mucha gente no accede a pre-sentar denuncias porque tiene resabios del espanto y afirma que el aparato represivo no ha sido desmantelado, incluso se, mantiene en la policía local. Después de la larga parte inicial, fueron leídos anexos sobre la metodología represiva, los centros clandestinos de detención y los homicidios. En este tramo fueron relatados numerosos casos que se produjeron en Tucumán, como ejemplos -se aclaró-, de la enorme cantidad de denuncias que reunió la Comisión Bicame-ral. Se explicaron los proce-dimientos de secuestro, pillaje, rapiña y otros excesos, señalán dose que el 92 por ciento de los secuestros se cometieron en las viviendas de los afectados. Tam-bién ocupó una parte prolongada de la sesión el análisis sobre los 33 lugares de tránsito o “chupaderos” y los campos de concentra-ción, a los que se calificó de centros de degradación humana. Seguidamente se mencionó a las personas que fueron más nombradas en las denuncias. Los militares son Luciano Menéndez Antonio Bussi, Adel Vilas, Anto-nio Arrechea, Albino Zimmer-man, Félix González Naya y Roberto Aba; el civil Víctor Sánchez y los policías Roberto Albornoz, Marcos Hidalgo, Héc tor García Rey, Ramón Jodar, Miguel Angel Moreno, Carlos Almirón, José Marcotte, Ricardo Sánchez, Enrique Ponce y Miguel Carrizo.

A título personal, el diputado Sassi pidió que los excesos sean declarados crímenes contra la humanidad, lo que judicialmente los haría imprescriptibles y no amnistlables.

La Gaceta, 21 de mayo de 1985

Anexo Presentacion informe bicameral 21 mayo 1985